El salto de las vallas y las cuchillas es tal vez la forma más llamativa para entrar en España, pero no es la que eligen la mayor parte de las mujeres. Ellas, salvo contadas excepciones, acceden al territorio español en patera o camufladas en coches por los pasos fronterizos. La llegada de estas subsaharianas, ensombrecida por el ruido mediático de la valla, esconde las transacciones de redes criminales transfronterizas que compran y venden mujeres de las que abusan y a las que después obligan a prostituirse. Entre 13.879 y 40.000 mujeres son explotadas sexualmente en el Estado español, uno de los principales países de destino y de tránsito de las redes de trata, según la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Las rutas que trazan las redes mafiosas son conocidas. También lo son la ubicación de los campos marroquíes en los que esperan para cruzar a Europa y los polígonos industriales españoles en los que las mujeres se prostituyen a la fuerza. El gran interrogante es cómo es posible que, con este grado de conocimiento, no se pueda proteger a estas mujeres de agresiones y delitos tan previsibles.
En la actualidad, a estas mujeres se les aplica en España el artículo 59 bis de la ley de extranjería —según el cual, si denuncian a sus captores y colaboran con la policía para desarticular las redes, obtendrán protección—. El problema es que las mujeres del camino callan, no denuncian. No tanto por la presencia física de sus vigilantes, sino sobre todo por la cárcel mental en la que habitan, “El miedo impide a la gran mayoría de ellas dar el paso. Son tumbas”.
Caravana frontera Sur
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